Denuncian que se vulneran derechos en la Justicia de Familia

La Justicia de Familia de Mendoza fue puesta en el centro de una nueva polémica luego de que en los últimos meses se conociera un sonado caso en el departamento de General San Martín donde fueron debidamente denunciadas dos juezas y una funcionaria en un caso de violencia de género.

Así lo reflejó El Ciudadano el primer día del pasado mes de abril y ahora la señal de alerta fue general para todo ese fuero de la Justicia de Mendoza donde se puso en foco la manera en la que reciben tratamiento las víctimas, también en casos sensibles de violencia de género.

Y la denuncia hecha pública por la abogada mendocina Carolina Jacky (foto) no solamente tocó directamente a la Justicia de Familia sino que salpicó a gran parte del Poder Judicial de Mendoza bajo el análisis de la necesidad de avanzar profesionalmente en la digitalización de los trámites que allí se llevan adelante.

“Esta semana la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo conocer la Acordada 30.171, con el título de Expediente electrónico.

Por esta norma, a partir del 4 de agosto del corriente la Corte da por terminada la existencia del expediente papel”, señaló la letrada a modo de noticia aunque abriendo el espacio para un debate más profundo.

Continuó marcando que “en 18 apartados la Acordada hace saber cómo se trabajará de hoy en adelante. Y casi sin importarle los graves problemas que existen para administrar Justicia en Mendoza la Corte siguió para adelante sin reconocer las dificultades que aquejan a muchas partes actualmente”.

“Felicitaciones por insistir en el rumbo a la digitalización y al expediente electrónico, pero prudente sería que antes se revise como se está transitando este camino”, ironizó Jacky.

La especialista en violencia de género apuntó a “la falta de antecedentes de muchos Ministros de la Corte que en el ejercicio libre de la profesión se advierte en cada paso que están dando”.

Y agregó que “hasta se demuestra en las consultas que realizan a profesionales sin experiencia en el litigio o con un SI SI su Señoría, fácil. El mismo día que la Corte dictaba la Acordada, se realizaba una audiencia en la Sala I de la Corte. Una audiencia inicial en una causa sobre violencia de género”.

“Al tratarse la prueba, la misma, que consta de una cantidad de expedientes judiciales y administrativos que deben solicitarse, y que obviamente las partes tienen que tener posibilidad de compulsarlos, se planteó el tema de la virtualidad. En esa audiencia la representación de la víctima solicitó la digitalización de todos ellos, oportunidad en que Fiscalía de Estado solicitó que se entregaran copias en soporte papel a cada parte. Con lo cual se le dijo chau expediente electrónico”, relató.

La abogada continuó detallando que “los Ministros de la Corte, presentes en la audiencia, no supieron dar una respuesta contundente a estos planteos, y se limitaron a decir que iban a estudiar de qué forma podían dar respuesta a estas peticiones, y verían si era posible digitalizar todas esas causas”.

“Es evidente que el voluntarismo de la Corte para ir adelante con el expediente electrónico es loable, pero sin la completa convicción de cómo o por donde hacerlo. No es noticia de que la Justicia de Familia ha colapsado. Víctimas de violencia de género sin respuesta. Menores esperando por sus derechos, meses y meses sin dar respuesta a escritos de mero trámite presentados digitalmente. Ni hablar de una medida urgente, una exclusión de hogar, una prohibición de acercamiento, alimentos urgentes, mejor olvidarse”, detalló.

Siguiendo con su tono crítico Jacky añadió que “a esto hay que agregarle la novedad que cuando se ingresa al sistema IURIX ONLINE, y se pretende bajar el supuesto expediente digitalizado, uno se encuentra que en el mismo solo obran los decretos y resoluciones del tribunal o pericias del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, pero no está la demanda ni la contestación de la misma, o sea los escritos de las partes”.

“Así no puede compulsarse un expediente completo y menos ejercer el derecho de defensa. El Estado Argentino y las provincias tienen la obligación de cumplir con los Tratados y Convenciones Internacionales. Son obligaciones del Estado brindar un adecuado acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia. Tienen que garantizar el derecho de defensa y la asistencia oportuna y eficaz a las víctimas”, se quejó.

En materia de derechos humanos “los Jueces tienen la obligación de trabajar proactivamente y cumplir con las normas de orden público, sin que las partes lo soliciten. Hoy se están vulnerando derechos, y especialmente en el fuero de Familia. Hoy hay responsables de esas violaciones a derechos humanos. La responsabilidad es, en este caso, del Gobierno de la Provincia de Mendoza. El Poder Judicial es parte del Gobierno de la Provincia como también sus funcionarios y magistrados”.

“Todos deben responder. Parece que en este caso la Corte no sabe atender su juego, y tampoco ordenar como deben jugar todas las partes. Hoy, mujeres y menores están pagando por la negligencia de nuestro Poder Judicial, y los derechos humanos están en peligro. Se hará algo para evitarlo?”, cuestionó finalmente.